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Keiko Fujimori: Jueza Iris Pacheco reemplazaría a Aldo Figueroa para evaluar casación

Magistrada integra la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y es la menos antigua de su especialidad, requisito que estipula la norma para suplir a Figueroa.

iris pacheco

(Foto: OCMA)

La jueza suprema Iris Pacheco integró la sala que presidió el destituido magistrado César Hinostroza. (Foto: OCMA)

OCMA

Alvaro Reyes Quinteros

Si bien la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aún debe aceptar la inhibición del juez supremo Aldo Figueroa para proceder a buscar a su reemplazo, ya se sabe el nombre de la magistrada que lo suplirá en el análisis de la casación de Keiko Fujimori.

Será la jueza suprema Iris Estela Pacheco Huancas, miembro de la Primera Sala Penal Transitoria, quien asumirá la responsabilidad de evaluar el recurso de la excandidata presidencial junto a los otros cuatro miembros de la Sala Penal Permanente.

De acuerdo al artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando existe una discordia y el juez de un tribunal no puede emitir su voto -como sucede en el presente caso-, se llama al magistrado menos antiguo de otra sala pero de la misma especialidad. Y es Pacheco -una abogada penalista- quien cumple con ese requisito.

Los otros miembros del tribunal son los jueces Jorge Castañeda (quien asumió tras la inhibición de César San Martín), Hugo Príncipe, Iván Sequeiros y Zavina Chávez.

La jueza ha integrado la Segunda Sala Penal Transitoria que presidió el destituido juez César Hinostroza, ahora prófugo de la justicia. Sin embargo, las dos polémicas sentencias por las que se cuestiona a Hinostroza no llevan la firma de Iris Pacheco. Uno de esos fallos atenuó la pena de un violador, mientras que el otro puso en riesgo los casos de lavado de activos.

La Corte Suprema aún debe oficializar la designación de Pacheco para fijar la fecha la audiencia en la que se evaluará la casación con la que Fujimori planea revertir la orden de 36 meses de prisión preventiva que pesa en su contra.

La Fiscalía imputa a la lideresa fujimorista el delito de lavado de activos por recibir US$1 millón presuntamente ilícitos de Odebrecht para financiar su campaña presidencial del 2011.

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